Link al artículo original: pinchar aquí.
Manuel Vicente de Angola: La transparencia del corrupto
12/06/2012 -
La convocatoria de elecciones
en Angola el 31 de agosto arroja nueva luz sobre la reciente
presentación del Informe de Desempeño del Gobierno referente al primer
trimestre de 2012.
Manuel Vicente, ministro de Estado para la Coordinación
Económica (y anterior presidente de la compañía petrolera nacional
angoleña, Sonangol), alagó profusamente los avances económicos del
gobierno durante su presentación a los medios de comunicación. Hizo
referencia a fábricas, escuelas y viviendas sociales construidas
recientemente, así como a la inversión en infraestructura de transporte;
y destacó el lanzamiento de emisoras de radio provinciales y canales de
televisión regionales.
La versión del ministro puede haber llevado a
observadores ocasionales a creer que Angola está disfrutando de un
periodo auténtico de progreso económico y social. El crecimiento
económico del país no tiene parangón, gracias ante todo al aumento de la
producción de petróleo y los precios en el mercado internacional.
Sin embargo la escena que describió Vicente dejó fuera a
la gran mayoría de la población de Angola, que continúa viviendo en la
mayor pobreza, sin posibilidad alguna de mejorar su supervivencia
cotidiana.
Además de representar una imagen de color rosa, el
Informe de Desempeño del Gobierno también ha jugado el papel de
instrumento de campaña. En palabras de Vicente, el informe "representa
el compromiso de transparencia del gobierno angoleño bajo el liderazgo
del honorable Presidente de la República, el ingeniero José Eduardo dos
Santos, y es prueba inequívoca de hasta qué punto nuestra democracia
está creciendo, fortaleciéndose y madurando".
El Presidente ha ocupado su cargo durante casi 33 años,
sin haber sido elegido jamás por el pueblo. El país carece aún de prensa
independiente y la libertad de expresión es todavía objeto de abuso,
con agresiones a manifestantes contrarios al gobierno; y ahora algunos
de ellos desaparecidos. El sistema judicial está bajo el férreo control
del régimen, y aún se excluye a los pobres del usufructo de la riqueza
nacional. No obstante el régimen está sumamente preocupado en mostrar un
rostro democrático legítimo, y éste es el motivo de las próximas
elecciones.
Las mentiras, sin embargo, tienen las piernas cortas; y
Vicente se contradijo gravemente con respecto a la democracia y
transparencia que su jefe Dos Santos supuestamente promueve.
En la rueda de prensa el periodista Cândido Mendes
preguntó al ministro acerca de la investigación de EE.UU. de la
operación petrolera de Cobalt International Energy en Angola, en
relación con indicios de corrupción que involucraban a dirigentes
angoleños. La empresa americana estableció una asociación con Nazaki Oil
& Gáz, de la que Vicente es propietario, junto con los generales
Manuel “Kopelipa”, Hélder Vieira Dias Júnior y Leopoldino Fragoso do
Nascimento “Dino”. Este consorcio, que incluye Sonangol Pesquisa e
Produção y Alper Oil, tiene dos concesiones petroleras angolanas
conocidas como los Bloques 9 y 21.
Las leyes anticorrupción americanas establecen que
constituye un delito pagar u ofrecer cualquier objeto de valor a
dirigentes extranjeros a cambio de tratos comerciales. Cobalt obtuvo el
derecho a operar en los dos bloques sin concurso público.
La respuesta de Vicente en relación a la posición del
gobierno angoleño sobre dichas investigaciones fue indicativa de una
actitud demasiado común: la arrogancia de un régimen acostumbrado a que
la gente se arrodille ante él.
El ministro –y presunto candidato a la vicepresidencia–
admitió sin vacilar que Cobalt había quebrantado las leyes
anticorrupción americanas al asociarse con una empresa cuyas partes
interesadas son un triunvirato de dirigentes políticos que llevan las
riendas del poder económico y político de Angola. Al mismo tiempo,
anunció que la empresa es libre de continuar sus negocios en Angola,
"independientemente de las normas de ahí fuera". Vicente había
confirmado ya ser co-propietario de Nazaki en una declaración al
Financial Times. Cobalt había alegado desconocer quién era propietario
de Nazaki, con la que resulta que comparte oficinas en Luanda.
Con la confianza de un hombre que se encuentra por
encima de la ley, Manuel Vicente sugirió que si los negocios entre
Cobalt y él y sus socios pudiesen crear más problemas, la empresa
debería abandonar sus intereses en Angola. Vicente y el General Kopelipa
han adoptado la misma posición anteriormente, indicando que resultaría
fácil encontrar otras empresas para sustituir a Cobalt en la actual
asociación.
El anterior presidente de Sonangol aprovechó la
oportunidad para criticar el proceso de "diligencia debida": una
investigación que normalmente tiene lugar antes de los negocios
internacionales y que pretenden evitar corrupción y sobornos,
revisando que los socios, proveedores y clientes extranjeros no están
involucrados en actividades controvertidas o ilícitas y que no mantienen
ningún vínculo con dirigentes políticos o empresas públicas.
No obstante, dicha práctica carece de sentido para
Vicente: "Las personas que viene a trabajar con Angola y que se asocian
con angoleños quieren a menudo, y prácticamente de forma habitual,
aplicar la "diligencia debida" a los angoleños. Habría que dar la vuelta
a esta tendencia. Los recursos pertenecen a Angola, y nosotros somos
los que deberíamos estar aplicando "diligencia debida" a las personas
que vienen aquí; no al revés."
Tanto desdén y menosprecio por el protocolo
internacional apenas sorprenden en Angola. Los principales miembros del
régimen de Dos Santos se han habituado al amplio entusiasmo con el que
las empresas extranjeras besan su mano; incluso los gobiernos actúan de
la misma forma cuando buscan oportunidades comerciales angoleñas para
los operadores económicos. Como octavo mayor proveedor de petróleo a
Estados Unidos, Angola se encuentra en una posición privilegiada – y no
tiene escrúpulo alguno en explotarla. Los Bloques 9 y 12 prometen tales
ganancias que Cobalt ha confirmado su intención de permanecer en Angola,
a pesar de haber sido denunciada por Maka Angola en 2010, que expuso la
corrupción en Angola.
Manuel Vicente pasó entonces de la soberbia a la
falsedad, implicando indirectamente al Presidente Dos Santos al afirmar
que los negocios de Cobalt con Nazaki son ilegítimos de acuerdo con la
legislación angoleña: "Nosotros aquí en Angola trabajamos con la
legislación angoleña. Los contratos de Cobalt han sido aprobados y
permanecen en vigor. [...] Todo lo que ocurre en Angola se hace con
autorización del gobierno angoleño, dentro del marco que existe aquí."
En esa contradicción reside uno de los mayores dilemas
del régimen. Por un lado, quiere parecer democrático y transparente; por
otro, promueve el saqueo generalizado de los recursos nacionales para
el enriquecimiento desmesurado de su élite, en contravención total a la
legislación del país.
La asociación entre Cobalt y Nazaki es apenas uno de los
innumerables casos de corrupción flagrante de incumplimiento de la ley.
En relación a Vicente, Kopelipa y Leopoldino Fragoso, el Artículo
25(1)(a) de la Ley de Probidad Pública tipifica los negocios entre
bastidores como enriquecimiento ilícito por recibir un porcentaje de los
negocios sobre los que tenían influencia, entre otros. Cobalt incurre
en un acto de corrupción activa de oficiales angoleños de acuerdo con el
Artículo 321 del Código Penal. La legislación angoleña también
incorpora las convenciones de anticorrupción de la Unión Africana
–Artículo 4(1)(f)– y de las Naciones Unidas –Artículo 18(a)(b)–, así como
el Artículo 3(1)(f) del Protocolo de la Comunidad para el Desarrollo de
África Austral Contra la Corrupción que, de forma similar, define el
tráfico de influencias como acto corrupto.
En contraposición a las afirmaciones de Vicente, en
Angola existe una legislación detallada y amplia que establece los
límites en relación con la participación de los dirigentes políticos en
actividades económicas, y las operaciones en las que dichos dirigentes
estén involucrados constituyen en sí un delito. Manuel Vicente ha
mentido y probablemente continuará haciéndolo, por prepotencia y
sentimiento de impunidad.
No hay democracia si no se respeta la ley, por muy rosa
que se pinten los informes de desempeño del gobierno. En una democracia,
Vicente ya habría sido destituido – y había contratado ya a un abogado
para defender su causa y responder ante los tribunales por delitos de
corrupción.
¡Espero que os haya gustado!
